La Comunicación y el Bien Público

9, 10 y 11 de noviembre de 2009

En las sociedades nacionales occidentales se puede observar la condensación y multiplicación en el volumen de la comunicación política. Al mismo tiempo, las esferas políticas están inundadas por la comunicación de masas, que pocas veces se caracteriza por las formas definitorias de deliberación.

La inflación en el volumen de los mensajes, las ideas y las imágenes en circulación produce la impresión de que la política hoy está cada vez más inmersa en los procesos de comunicación de masas y que, con efecto, es absorbida y transformada por la comunicación de masas.

La creciente concentración y conglomeración de la propiedad en los sectores de medios de las sociedades más industrializadas, cada vez más justificados por funcionarios estatales y portavoces corporativos en nombre de la “competitividad global”, está repolitizando la esfera pública con maneras que van en detrimento de la supervisión y responsabilidad pública.

Aunque hoy podemos apuntar a las nuevas oportunidades de acceso a la comunicación pública que ofrecen un conjunto de instituciones y técnicas nuevas (desde la televisión comunitaria a internet), es evidente que las diferencias sociales entre los que tienen “poder informativo” y los que no lo tienen está creciendo. Además, lo que se toma por “debate racional” en la era de la “gestión de la opinión pública” es una cuestión de disputa continua entre discursos desiguales sobre la ciudadanía, de los que solo algunos ven sus definiciones avaladas y autorizadas por los medios de comunicación.

Los medios de masas están haciendo que la esfera pública se convierta en un escenario infiltrado por el poder en el cual, por medio de la selección de tópicos y de contribuciones tópicas, se libra una batalla no solo por la influencia, sino por el control de los flujos de comunicación que afectan al comportamiento, al mismo tiempo que las intenciones estratégicas se ocultan todo lo posible. 

Queremos ocuparnos de esas “intenciones estratégicas” precisamente en la medida en que intentan definir los contornos de la “opinión pública” dentro de los límites del periodismo objetivo e imparcial. Queremos preguntarnos qué debe ser la escritura “profesional” de noticias a la altura de hoy y, algo más importante, cómo debe cambiar para responder al ideario de la ciudadanía  en una esfera pública propia de una democracia deliberativa.  

Los oyentes y espectadores de los medios públicos no son solo consumidores, esto es, participantes en el mercado, sino también ciudadanos con derecho a participar en la cultura, a observar los acontecimientos políticos y a tomar parte en la formación política de la opinión. Sobre la base de esta pretensión jurídica, los programas que le aseguran a la población su correspondiente suministro básico no pueden depender de su eficacia publicitaria, ni del apoyo de la publicidad.

En el discurso inaugural del Congreso Mundial de la International Communication Asociation, celebrado en Dresde en junio de 2006, Jürgen Habermas dijo que en Estados Unidos algunos estudios de medios confirmaban lo que se llama “video-malestar” (o “video malaise”). Se conoce por video-malestar que los ciudadanos que usan con más frecuencia los medios electrónicos, y que los consideran también una fuente de información importante, tienen un nivel de confianza más bajo en la política y son más propensos a tomar una actitud cínica ante los asuntos públicos. En la medida en que los programas de radio y televisión llegan incluso a intensificar los sentimentos de impotencia, apatía e indiferencia ante la política, tenemos que buscar las causas en los contenidos y en los formatos de la comunicación política y no en la supuesta parálisis de la sociedad civil.

El modo de presentación y la clase de contenidos de muchos medios de comunicación de masas contribuyen a que los ciudadanos se distancien de la política, es decir, a que se propaguen los estados de ánimo privatistas y apolíticos. El cambio de estilo de la comunicación de masas pone al descubierto la tendencia a redefinir las cuestiones políticas por medio de las categorías del  mercado y la propaganda.

Creemos que la prioridad de las políticas de comunicación es generar bienes públicos universales, en lugar de favorecer el crecimiento y distribución óptima, capilarizada, de la “comunicación autómata” (Derrida, 1993; Derrida y Stiegler, 1996). El primer objetivo de las políticas de comunicación es el de evitar que en los ámbitos de la comunicación se imponga la ley de los “private markets” o “mercados monopolistas”. Las políticas de comunicación no solo deben evitar la imposición de los “mercados privados”, sino también el empobrecimiento cultural y el dominio político que favorecen las “imágenes imperializantes” (Fiske, 1993). Ante la fantasmagoría política del “orden internacional” y de las limitadas aspiraciones del “nuevo orden internacional de la información y la comunicación”, cabe aspirar a una política de comunicación que evite que el mundo se convierta en un “espacio de exclusión interior” para muchos ciudadanos. Las políticas de comunicación que favorezcan a la mayoría difícilmente pueden ser las impuestas por las elites mercantiles.